Asturias es la única comunidad española que carece de una regulación de este tipo. En el Principado, los enfermos que sufren elevadas demoras no cuentan con herramientas legales para reclamar ante el Sespa cuando la espera supera los seis meses o, incluso, se sitúan por encima del año, como sí ocurre en el resto del país.
La Consejería desmiente que haya previstas “sanciones” a los Servicios que no cumplan con los tiempos máximos.
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