Más capacidad de decisión para el paciente que se halla “en situación grave e irreversible”, y una nueva dosis de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios que atienden a las personas inmersas en esta tesitura. Éstas son las principales aportaciones de la ley “de muerte digna” aprobada ayer en la Junta General del Principado, con el apoyo unánime de todos los partidos.
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