La recuperación de la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos se cuela hoy en el debate parlamentario como un desafío, acaso como una de las últimas ocasiones de la legislatura para calibrar las posibilidades de concordia y consenso en el interior confuso de la izquierda asturiana. La propuesta está en las enmiendas de Podemos e IU a la ley de función pública que hoy se vota en la Junta y las conversaciones previas le insinúan por parte y parte alguna oportunidad al acuerdo. Podemos, que puso a la restitución de las 35 horas la etiqueta de condición indispensable de su voto a favor de la ley del Gobierno, avanzó ayer que acepta la condición de la Consejería de Hacienda de precisar que la reducción de jornada se dará de paso a partir del 1 de enero de 2019 pero con la coletilla explícita de que se hará “siempre que la legislación básica lo permita”.
Podemos acepta las 35 horas “si la ley lo permite”, como reclamaba el Principado
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