La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado este miércoles su convocatoria de huelga oficial para el próximo 27 de octubre en la que se hace un llamamiento al colectivo médico y demás licenciados sanitarios del Sistema Nacional de Salud para su seguimiento los últimos martes laborables de cada mes.
Como se expone en el escrito que ya está en los registros tanto del Ministerio de Sanidad como del de Trabajo, esta decisión viene provocada por la actual situación que atraviesan los profesionales, que arrastran años de recortes provocados por una insuficiencia financiera y de graves defectos de planificación y gestión que afectan negativamente a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, socavan la calidad asistencial que se debe proporcionar a ciudadanos y pacientes y de manera muy especial han deteriorado las condiciones laborales y profesionales de los facultativos.
A las carencias mencionadas, que se manifiestan en la deficiente planificación y análisis de las necesidades de profesionales, hay que añadir una política de personal que ha abusado en exceso de la temporalidad, lo que nos ha conducido a una precariedad laboral inaceptable que impide el desarrollo profesional, la mejora de la calidad asistencial y que dificulta en exceso la fidelización de los profesionales.
Además, la falta de procesos selectivos y de movilidad, la sobrecarga asistencial, la discrecionalidad en nombramientos para puestos jerárquicos o el insuficiente y caduco modelo retributivo no han hecho sino estimular la huida de médicos a otras redes asistenciales y a otros países del entorno europeo donde encuentran mejores condiciones para sus condiciones profesionales, laborales y personales.
Todo lo anterior se ve aderezado por una falta absoluta de dialogo de las autoridades sanitarias con las organizaciones profesionales, circunstancia que se ha intensificado últimamente, lo que ha deteriorado hasta extremos inadmisibles la motivación y el compromiso de los profesionales y que está en la base de la falta de disponibilidad de especialistas de la que adolece el SNS, que ahora se quiere enmascarar con soluciones inadecuadas que sólo logran empeorar el problema.
Todas estas circunstancias no han hecho más que salir a la luz de manera agravada como consecuencia de la pandemia por COVID19, que ha revelado además severas carencias estructurales en la planificación y dotación de recursos humanos. En los más de siete meses que llevamos de pandemia no se ha aplicado ninguna medida para corregir este problema estructural, sino que se han ido adoptando parches momentáneos a costa de la asistencia sanitaria que no sea COVID y de la salud y seguridad de los profesionales.
El objetivo es que se retire de manera inmediata el Real Decreto Ley y que se establezca un calendario de negociaciones para buscar soluciones a los problemas urgentes de la profesión
El exponente máximo de esta realidad ha sido la aprobación del Real Decreto Ley 29/2020, de 30 de septiembre, en el que en una inminente segunda ola que vuelve a desbordar la asistencia sanitaria la única solución que ofrece el Estado es contratar enfermeras para hacer de médicos, contratar a no especialistas para hacer tareas de éstos, reconocimiento exprés de títulos de especialista obtenidos en países extracomunitarios y obligar a los especialistas a realizar funciones de especialidades que no les son propias. Es decir, el desmantelamiento del sistema público de salud, laminando el régimen de especialidades médicas, legalizando el intrusismo profesional y degradando fatalmente la calidad de la asistencia sanitaria de la población.
Este nuevo texto legal, unido a la ausencia de planes y medidas estructurales, han sobrecogido a todos los colectivos y asociaciones sanitarias y nos han forzado a dar la voz de alarma ante la población y el colectivo médico, de manera que la única salida para defender la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial del sistema sanitario, ante el desprecio de las instituciones que han recibido múltiples solicitudes y comunicaciones para el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas ignorando todas ellas, ha sido la convocatoria de esta huelga nacional de médicos.
Este paro nacional se convoca con el objetivo de que se retire de manera inmediata el Real Decreto Ley 29/2020 y de que se establezca un calendario de negociaciones que permita abordar los asuntos de urgente resolución:
- Solvencia financiera para una asistencia de calidad con un aumento progresivo de la financiación para adecuarla a la media de los países europeos de nuestro entorno que más y mejor inversión tienen en sanidad, y que se interpongan criterios finalistas, con reversión de los recortes que se aplicaron en 2010.
- Nueva regulación de la relación laboral del colectivo MIR que mejore sus condiciones laborales y formativas, con aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada basado en una planificación de las necesidades actuales y futuras, con criterios de calidad.
- Plantillas adecuadamente dimensionadas para responder con suficiencia a las necesidades del sistema con una correcta planificación de los recursos humanos y una nueva regulación de selección y provisión de plazas que acabe con la libre designación, la temporalidad y la precariedad del empleo, eliminando las tasas de reposición. Procesos coordinados de movilidad dentro del SNS.
- Modificación del Estatuto Marco que permita una jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y 70 años y declaración de profesión de riesgo con reconocimiento del contagio de SARS-CoV2, en sanitarios, como enfermedad profesional. Cómputo de las guardias a efectos de jubilación.
- Mejora de las condiciones laborales y de la presión asistencial adecuadas en todo el SNS y en todos los niveles asistenciales para asegurar la calidad asistencial y hacer más atractivo el SNS, con homogeneización retributiva al alza de todos sus profesionales, así como el reconocimiento del nivel 26 en los facultativos.
Por todo lo anterior, CESM ha llevado a cabo su preaviso de huelga en todo el territorio nacional que comenzará el próximo 27 de octubre.